Detrás de la traición a la patria está en venta la dignidad de todos los políticos de Argentina y de todos su pueblo en su conjunto.

El plan de ajuste de Javier Milei y su ministro Lugones ha puesto en peligro la vida de millones de compatriotas al cerrar 15 direcciones clave en el sistema de salud. Estas son las direcciones que se encuentran afectadas por la motosierra: • Dirección de Géneros y Diversidad • Dirección Nacional De Recursos Físicos • Dirección de municipios y comunidades saludables • Dirección de Investigación en Salud • Dirección de Interoperabilidad, Estándares y Desarrollo • Dirección Nacional de Integración del sistema de Salud • Coordinación De Equipamiento Médico y de Arquitectura Sanitaria • Coordinación De Salud Familiar • Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales • Coordinación De Uso Apropiado De Antimicrobianos • Coordinación De Zoonosis • Coordinación De Tuberculosis y Lepra • Coordinación De Hepatitis Virales • Dirección de Integración de Información Sanitaria • Coordinación De Vigilancia Epidemiológica por Laboratorios

Desde la Dirección de Géneros y Diversidad hasta áreas críticas como la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica por Laboratorios, estas políticas no son solo un recorte presupuestario; son un atentado contra los derechos humanos. En el peronismo sabemos que la salud no puede ser un privilegio. Ningún ser humano debe justificar su pobreza para ser atendido; todas y todos merecen una atención igualitaria. Estas medidas no son errores; son el avance de un modelo privatista que responde a intereses foráneos y al capital concentrado. Y mientras esto sucede, los sindicatos y la CGT permanecen callados, silenciados por un blindaje mediático que favorece a los voceros del poder económico. Mientras tanto los medios masivos tergiversan, manipulan o directamente omiten información para ocultar el despacho. En este contexto, como militantes peronistas, debemos levantar la voz. No podemos permitir que destruyan lo que con tanto esfuerzo se construyó. Es nuestra responsabilidad denunciar a los vende-patria y coimeros, defender la soberanía, y llevar adelante la organización popular. Porque la salud, la justicia social y la soberanía son derechos irrenunciables.